El CIS publica un estudio sobre violencias sexuales en plena polémica por el 'solo sí es sí', pero sin preguntas sobre la ley

Sin rastro de la ley del 'solo sí es sí' en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El instituto que dirige José Félix Tezanos ha publicado este miércoles un extenso estudio sobre la percepción de los españoles sobre el alcance de las agresiones sexuales, pero sin incluir ni una sola pregunta sobre la reforma de la ley de libertad sexual, que lleva estando al frente del debate público desde que empezaron las rebajas de condenas a agresores hace ya cuatro meses. 

La exclusión de un apartado, o siquiera una pregunta, relativa a una de las leyes del Gobierno que ahora se pretende reformar no responde a un desajuste temporal, pues las encuestas se llevaron a cabo a finales de enero, casi tres meses después de que entrase en vigor la polémica ley del 'solo sí es sí'. 

Según informa el propio CIS en su investigación, el trabajo de campo, de más de 2.500 entrevistas telefónicas, se llevó a cabo entre los días 20 y 25 de enero. Tres días después se filtraba a la prensa la voluntad del PSOE de reformar la propuesta penal de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. 

Seis de cada diez españoles conoce a alguna mujer que ha sufrido una agresión sexual en su entorno más cercano o en el barrio

Así, elude preguntar por la valoración de los españoles sobre una ley que eliminó la distinción entre abuso sexual y violación, y situó el consentimiento expreso en el centro del Código Penal. Por ende, tampoco se consultan las opiniones de los encuestados respecto a las rebajas de condenas y excarcelaciones a delincuentes sexuales que han ido dictando los jueces en aplicación de la mencionada ley. 

La "alarma social" generada por estos "efectos indeseados" de la norma es, de hecho, lo que empujó a los socialistas a presentar su propia propuesta de reforma para volver a una horquilla de penas anterior. En solitario, y con el rechazo de sus socios de Unidas Podemos, el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende reintroducir los conceptos de violencia o intimidación para computar penas más altas por delitos sexuales.